Pilar Ruiz, que tiene una pensión de 458 euros, debe pagar 280 al mes en farmacia.
El cáncer no es solo un problema médico. Es también un factor de vulnerabilidad social y económica muy importante. El último año se diagnosticaron en España unos 230.000 casos (y la cifra va en aumento), de los que 90.000 fueron a personas en edad laboral (de 15 a 65 años), y 25.000 de ellos estaban o se vieron empujados por la enfermedad a una situación de pobreza, según los datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
El trabajo distingue cuatro situaciones, explica Raquel del Castillo, responsable de Trabajo Social de la Asociación: personas sin empleo (con o sin prestación), autónomos y trabajadores que ingresan menos del salario mínimo interprofesional (707,70 euros). Para ellos el diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad suponen una merma de ingresos y un aumento de gastos. La excepción son las 5.700 personas que están en el paro y ya han agotado la prestación, pero precisamente porque ya los ingresos no pueden bajar más.
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