viernes, 9 de marzo de 2018

9-M: Día de las personas desaparecidas sin causa aparente

La dificultad de investigar una desaparición.


España adolece de una definición legal y efectiva del desaparecido lo que provoca que muchas causas se archiven.

Una desaparición no es un delito. Esa es la premisa a partir de la cual comienzan todos los problemas en una investigación de alguien a quien no se encuentra sin motivo aparente. La legalidad española está preparada para investigar delitos, y por eso una gran parte de las 146.042 denuncias de personas desaparecidas registradas en 2017 terminaron en sobreseimientos provisionales o archivadas. Es la pescadilla que se muerde la cola: no hay delito hasta que no se demuestre y para investigar algo tiene que haber indicios de delito. “¿Quién dice que la chica no está en una playa de República Dominicana? ¿Y si ahora aparece en Cuba? ¿Por qué voy a pinchar el teléfono de la víctima si no es un delincuente? ¿Por qué va a ser un homicidio y no un viaje voluntario?”, son el tipo de preguntas a las que se enfrentan muchas veces —cuando no se trata de menores— los investigadores en los desbordados despachos de los jueces españoles. En la mayor parte de las ocasiones la investigación de los casos queda a discreción del juez y el fiscal, aseguran.

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